Un problema de larga data y que parece estar lejos de resolverse en lo que comprende a las finanzas internacionales es la existencia de paraísos fiscales y la elusión fiscal. Cada año, los estados pierden miles de millones de euros de ingresos al fisco, como resultado de políticas contables y financieras de las grandes empresas que están destinadas a pagar los tributos más bajos posibles.
Pese a los intentos de algunos organismos internacionales por condenar y abolir estas prácticas, la realidad es que muchos microestados (como Seychelles y Bahamas) y regiones dentro de los mismos países afectados (por ejemplo, el estado de Delaware) subsisten gracias a que actúan como centros de refugio para las rentas de grandes conglomerados empresariales.
Existe, además, un problema relacionado con la oscuridad de
l origen y el manejo de los fondos que se alojan en estos paraísos fiscales, que se suma a los anteriores. En muchos casos, el dinero que se esconde detrás de múltiples capas de empresas fantasma y sociedades financieras puede tener orígenes espurios, como el terrorismo o el narcotráfico. No se trata de un tema meramente fiscal con fines recaudatorios.
Los ministros de finanzas de las naciones con mayor peso geopolítico no logran alcanzar un consenso para establecer medidas punitivas serias que impidan la operación de las empresas desde sedes ubicadas en estos estados. Es de esperar que, en la próxima reunión del G20 a realizarse en Italia, el combate a la evasión y la elusión fiscal tenga un rol preponderante, lo que podría llevar a grandes avances en este campo.