La emergencia sanitaria y económica en España como consecuencia de la proliferación del COVID-19 no ha dado tregua a amplios sectores de la economía del país. En particular, los más golpeados por la crisis han sido los trabajadores autónomos, muchos de los cuales se han quedado sin ingresos por el cierre de actividades y la mala situación del país en general.

Una amplia mayoría de los millones de trabajadores autónomos registrados son simplemente cuentapropistas, que cotizan en la categoría más baja de ingresos y no tienen empresas ni trabajadores a cargo. Para ellos, el impacto ha sido muy difícil de sobrellevar, no sólo por la menor disponibilidad de trabajo, sino también porque han debido soportar la carga del pago de los tributos correspondientes pese a no tener ninguna entrada de dinero.

El acceso a los mecanismos de ayuda del gobierno ha dejado a una infinidad de autónomos afuera de estos beneficios. Requisitos interminables y documentación complicada de conseguir han resultado en bajos niveles de adhesión a los programas de asistencia. Una exención del pago de los impuestos correspondientes a la categoría y una refinanciación de las deudas contraídas podría haber sido una medida mucho más efectiva y fácil de implementar.

Ante una ayuda estatal que no llegó en tiempo y forma, muchos autónomos se han volcado al financiamiento privado, en busca de plazos de repago largos y tasas de interés bajas, que les permitan subsistir durante los próximos meses. Se trata de un arma de doble filo: el alivio inmediato que puede proporcionar un poco de dinero fresco, pero a la vez resultar en un enorme peso para las finanzas personales en el mediano plazo.